«Intento darle un marco de humanidad a un lugar tan inhumano como son las cárceles»
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Analía Barreto se desempeña desde el año 2007 en la Defensoría Pública Penal; en la Oficina de Atención a la Persona Privada de Libertad; en ciudad de Puerto Madryn. Chubut. Es curiosa, inquieta y con muchas ganas de hacer; hacer algo por quienes pasan sus días en las cárceles y con claros problemas de adicciones. Porque como ella misma dice, quienes circunstancialmente están privados de su libertad “siguen siendo personas sujeta de derechos”. Se muestra preocupada por lo que ve a diario en su lugar de trabajo y asegura que actualmente no existen instituciones, ni equipos técnicos y mucho menos políticas de estado decididas a dar tratamiento al consumo y a las adicciones en situación de encierro carcelario. Todo un desafío para quien ve en el Curso de Operador Terapéutico en Adicciones una herramienta para capacitarse y realizar –poco a poco- un cambio desde adentro.
Analía viaja todos los meses más de cuatrocientos kilómetros para llegar a Comodoro y formarse como Operador Terapéutico en Adicciones; el Curso Universitario que organiza Fundación Nuevo Comodoro –con el acompañamiento de las operadoras Pan American Energy, YPF; Tecpetrol, los gobiernos provincia, municipal, el Concejo Deliberante y el Banco de Chubut – y del que el año pasado egresaron los 44 primeros de nuestra ciudad.
Es de Comodoro pero por circunstancias familiares y laborales se trasladó a la ciudad de Puerto Madryn. Allí continuó desempeñándose en la Oficina de Atención a la Persona Privada de Libertad; un órgano auxiliar de la Defensa Pública Penal, creada por Ley V Nro. 90.
La Defensoría es uno de los dos Ministerios Públicos que tiene el Poder Judicial de la Provincia de Chubut; uno es el Ministerio Publico Fiscal (la parte acusadora) y el otro es el Ministerio Publico de la Defensa (que se organiza en Defensoría Civil, Asesoría de Familia e Incapaces y Defensoría Penal). “Esta última se ocupa de la defensa en juicio de las personas involucradas en hechos delictivos”, explica Analía. Las incumbencias de la Oficina de Atención a la Persona Privada de Libertad están definidas por una resolución (Nro. 29/05) que determina como «velar por las condiciones de salubridad e higiene en los centros de detención y el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, así como también ocuparse de brindar ayuda humanitaria y consejo legal, realizando las gestiones y trámites pertinentes»
Con un perfil altamente humanitario, Analía sabe que muchas veces su opinión sobre cómo debería ser el trato hacia la gente que está privada de su libertad, no es “bienvenido”. De todas maneras, tiene sus propios objetivos a cumplir a mediano y largo plazo con esta formación.
Tras los muros
“Convencida de que los seres humanos nos merecemos todos un trato y condiciones dignas de vida, la mejor calidad posible, independientemente del lugar en que nos toque estar, vivir, por razones, circunstancias, decisiones o lo que sea que haya sucedido, enfrento mi tarea todos los días Intentando darle un marco de humanidad a un lugar tan inhumano como lo son las cárceles. Hay una frase de un autor que dice «la cárcel es el «no lugar», donde arrojan a los «no hombres» para que ahora y en el futuro «no sean»”, dice parafraseando a Marc Augé un antropólogo francés que acuñó el concepto de «no-lugar» para referirse a espacios de transitoriedad que no tienen suficiente importancia para ser considerados como «lugares». “Siempre aclaro que esto es sin justificar el delito, el daño a otras personas, el dolor que generan los hechos cometidos”.
Según Analía, una entre tantas problemáticas que existen dentro de cualquier centro carcelario es la de las adicciones y le preocupa que actualmente no existan instituciones, ni equipos técnicos y mucho menos políticas de estado decididas a dar tratamiento al consumo y a las adicciones en situación de encierro carcelario. “La cárcel –opina- no es más que el reflejo de lo que se vive en la sociedad, o sea que las mismas problemáticas que la gente vive en libertad, las padece también en contextos de encierro; agravada la situación aún más porque la privación de libertad limita los campos de acción”.
En la ciudad de Puerto Madryn, la población carcelaria en general es joven y en un alto porcentaje tiene “hábitos de consumo, de abuso y de adicción a distintas sustancias. Esto es, antes de estar presos, es decir ya ingresan a los lugares de detención de esta manera, puede acrecentarse durante el cumplimiento de su condena y/o comenzar dentro. Y los motivos son múltiples”. También cuenta que muchos de los delitos cometidos como robos y homicidios se cometen “en estado de alcoholismo o habiendo consumido otras sustancias, o se cometen para conseguirlas o, por los famosos ajustes de cuenta”.
Su preocupación mayor es que una vez encarcelados solamente se los encierra, se los castiga, y la pena a cumplir muchas veces termina siendo una venganza a lo acontecido, al daño producido, sin tener en cuenta que, “son personas, están enfermas -además de haber cometido un delito- no tienen la oportunidad estando cumpliendo una condena de hacer tratamiento y con posterioridad, más tarde, más temprano, recuperan su libertad para volver al mismo lugar, en las mismas condiciones, sin haber adquiridos esas habilidades necesarias para salir fortalecidos y tener la capacidad de enfrentarse al mundo de nuevo”.
Formarse para actuar
Analía considera que el Curso de Operador Terapéutico le brindará herramientas para poder intervenir –poco o mucho- en esta realidad. De hecho, dice que a poco de haber comenzado la cursada “ya la hizo pensar, reflexionar, ponerse en acción”. Se propone conocer, aprender y “dejar un poco de lado la ignorancia respecto de las adicciones. Quizá mi vocación, mi pasión por el trabajo que hago, me lleva a sentir la necesidad de estar más capacitada para encontrar respuestas, para favorecer que otros las encuentren, para tener fundamentos que me permitan exigir desde el lugar que ocupo respuestas fundamentales para las personas que están privadas circunstancialmente de su libertad ambulatoria y que sigue siendo una persona sujeta de derechos”.
Analía socializa sus expectativas con la formación y se plantea objetivos a corto y largo plazo. “La intención es formarme para saber qué dicen cuando dicen, en principio dejar de dar respuestas obsoletas y tener idea para orientar, para saber a dónde recurrir, para tratar a las familias en las entrevistas, para tratar a los mismos presos con problemática de consumo sabiendo lo que estoy diciendo. Esto es a corto plazo. Y a largo plazo sería un enorme logro para el sistema carcelario, trabajar la problemática desde adentro. Esa es la intención final… difícil… pero convencida que por algún lado hay que empezar…”
